El Congreso avanza en la denuncia contra el expresidente por presuntas infracciones constitucionales y abuso de autoridad. Se le acusa de destituir arbitrariamente a 19 generales de la Policía mediante resoluciones supremas ilegales.
La Comisión Permanente del Congreso dio luz verde, por mayoría, al informe que plantea denunciar constitucionalmente al expresidente Francisco Sagasti e inhabilitarlo por diez años del ejercicio a la función pública.
Se le imputa la presunta infracción a los artículos 45, 139 y 172 de la Constitución, además del delito de abuso de autoridad.
El documento señala que Sagasti emitió resoluciones supremas que permitieron el pase al retiro de 16 oficiales generales de la Policía Nacional y tres tenientes generales de manera irregular.
También se le atribuye haber desestimado los recursos de reconsideración presentados por los afectados y haber designado un nuevo comandante general de la PNP sin el debido proceso.
La votación de la acusación fue de 18 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
El resultado de la inhabilitación de 10 años fue de 22 a favor, tres en contra y cero abstenciones.
Tras la aprobación del informe, el caso pasará a ser votado en el Pleno.
El delegado de la elaboración del informe, el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, sustentó la denuncia.
El expresidente Sagasti asistió al Hemiciclo junto a sus abogados Carlos Rivera y José Ugaz para sustentar su defensa en la Comisión Permanente.
Según Rivera, Sagasti actuó de acuerdo a ley al firmar las resoluciones de las destituciones.
De acuerdo a Ugaz, la decisión del informe «es una venganza de corte político».
«Está absolutamente demostrado que la decisión de pasar al retiro a estos generales estuvo estrictamente enmarcada en la Constitución y en las leyes. Confío que los miembros de la Comisión Permanente desestimarán (el informe)», dijo Sagasti.
«No abusé ni cometí actos arbitrarios», señaló.
Debido a las dos muertes por las protestas tras la vacancia de Martín Vizcarra, tomó la decisión, por recomendación del ministro del Interior, cambiar al Comandante General de la Policía.
Según Sagasti, la decisión de nombrar al nuevo comandante general de la PNP fue por antecedentes de su carrera y no por un favorecimiento.
El informe contra Sagasti también incluye denunciarlos e inhabilitarlos como a Sagasti a los exministros del Interior, José Elice y Rubén Vargas.
En un momento, el exmandatario señaló que en las protestas ciudadanas hubo tres muertos, durante su gobierno, explicó que esos policías responsables fueron dados de baja inmediatamente.
«Me van a inhabilitar por diez años, espero que me den al menos un minuto adicional por año», dijo Sagasti, mortificado, en un momento de su sustentación. Esto, porque al acabar el tiempo que le dieron, solo le quisieron dar un minuto adicional para su alegato de defensa, y él pedía más minutos.
DEFENSA DE ELICE
Por su parte, el exministro del Interior también expuso su defensa y negó haber infringido la constitución. Y aseguró que se trata de una denuncia política para inhabilitarlo por diez años de la función pública, y no pueda postular a un cargo de elección popular en las próximos comicias.
Al exministro del Interior, Rubén Vargas, se le concedió ejercer su derecho de defensa el 19 de marzo.
La congresista Ruth Luque, del Bloque Magisterial, sacó cara por el expresidente, y dijo que se la denuncia constitucional se trata de una denuncia política para inhabilitarlo de la función pública.
Por su parte, la legisladora Flor Pablo se sumó a la defensa de Sagasti, y tras señalar que la denuncia contra el exmandatario tiene un trasfondo político, dirigiéndose a la bancada de Fuerza Popular dijo que «Keiko Fujimori nunca va a ser elegida (presidenta)».
