Una década después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado por concluida la pieza de ejecución de la sentencia que en 2016 (firme desde 2018) declaró como no urbanizable el paraje en el que se asienta el hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Se trata de un edificio de 411 habitaciones y una veintena de plantas promovido por Azata del Sol, situado en zona de servidumbre de la Ley de Costas y en el parque natural de Cabo de Gata, que fue paralizado en 2006 por orden de un juez cuando estaba al 80% de su ejecución.
La adaptación del plan urbanístico municipal para que recoja exactamente lo que confirmaba la sentencia del TSJA ha llevado ocho años, cinco desde que se abrió una pieza de ejecución. La sentencia de primera instancia fue dictada el 18 de julio de 2016, hace casi una década. En este tiempo, el Ayuntamiento se ha servido de una variada gama de maniobras dilatorias para retrasar el cumplimiento, según han lamentado tanto los ecologistas como la Junta de Andalucía en reiterados escritos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.
El retraso es todavía mayor si se tiene en cuenta cuándo surgió la obligación de adaptar el PGOU. “Hace 32 años que tenían que haber modificado las normas subsidiarias, hoy PGOU, cuando se publicó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en el BOJA de 22 de diciembre de 1994”, recuerda José Ignacio Domínguez, el abogado de Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción que impulsa en los tribunales la batalla contra la mole y sus promotores.
La panoplia de giros y ardides que han provocado estos retrasos desde que se dictó la sentencia firme agota el repertorio del derecho administrativo: publicaciones incompletas, errores de identificación, planos incorrectos, supuesta necesidad de nuevos informes, bajas laborales, excesos en el texto aprobado por el Pleno… Todo esto ha provocado que Ecologistas en Acción haya llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los magistrados han advertido en varias ocasiones en estos años a los sucesivos alcaldes (José Luis Amérigo -PSOE-, Felipe Cayuela -PP- y Salvador Hernández -Ciudadanos-) con multarles si seguían poniendo “excusas” (según sus propias palabras) y no cumplían sus resoluciones, sin pasar nunca de la advertencia.
