El acuerdo entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht debería ser anulado, debido a que solo trajo perjuicio al país, ya que los fiscales del caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Javier Vela, terminaron actuando como operadores de la constructora brasileña, señalaron varios de los invitados de la comisión investigadora de los actos vinculados a la colaboración eficaz entre Odebrecht y el Perú que preside Alejandro Muñante (RP).
Contenido delictivo
El primero en ingresar a la reunión, que se realizó en reserva, fue el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, quien debería haber sido repuesto en sus funciones, luego de que el Tribunal Constitucional declarara nulo el procedimiento disciplinario mediante el cual se le destituyó. Sin embargo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado al juez Juan Carlos Checkley que suspenda a Gálvez 36 meses, a pesar de que aún no está en investigación preparatoria.
En declaraciones a EXPRESO, Gálvez Villena señaló que el acuerdo eficaz entre el Estado, la Fiscalía, la Procuraduría y la empresa brasileña Odebrecht, desde un inicio tuvo carácter delictivo y solo sirvió para encubrir los hechos de corrupción de la constructora brasileña.
“Este acuerdo de colaboración eficaz suscrito por los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez tuvo un contenido delictivo, encubridor, y permitió a la empresa (Odebrecht) que demande al Estado peruano por arbitrajes multimillonarios”, sostuvo el magistrado.
Afirmó que el objetivo de los referidos fiscales nunca fue decomisar ni un sol en beneficio del país. “No se le decomisó un céntimo a Odebrecht, le concedieron todos los beneficios, a pesar de que ellos no entregaron ninguna prueba relevante a la justicia peruana. He hecho llegar esa información y quedamos a disposición de la comisión para cualquier otra información”, afirmó el fiscal supremo.
